El conflicto destado este año, entre los productores agropecuarios y el municipio, por la implementación del COUT que le pone limitaciones a su trabajo y a la posibilidad de crecimiento de las mismas, tuvo su nuevo round.
El HCD, sanciono en última sesión ordinaria del año, una ordenanza promovida por la oposición en la que se brinda una excepción a los productores, reconoce derechos adquiridos y obliga al gobierno municipal a crear un registro de productores en estas condiciones. Sin embargo, el municipio que a estas alturas ha demostrado que no tiene ninguna intención de cambiar ni solucionar nada, eligió impulsar la judilalizacion del conflicto. En vez de usar su poder de veto, pidió una consulta sobre el tema a la secretaria general de gobierno y a la dirección de tierras de la provincia de buenos aires. Los dos informes sostienen que la ordenanza es inaplicable pues modifican el COUT en una forma que no está permitida.
Lo curioso es que el ejecutivo también mando el mismo día una ordenanza para hacer modificaciones (que no prospero) pero que invariablemente correría la misma suerte que la sancionada.
Desde el oficialismo se dice que el HCD no se presento un informe técnico, este cuestionamiento fue rebatido por la asesora el cuerpo la Dr. Mercedes Condesse “No hubo informe técnico porque no me fue solicitado, el oficialismo lo pidió y el pedido se sometió a votación y por los votos fue descartado”.
La ordenanza estaba promulgada por simple paso del tiempo y Gesualdi (quizás para no pagar el costo político) eligió este camino. Desde el oficialismo se sostiene que todo fue una maniobra política de la oposición para “quedar bien”, más allá de eso el problema existe y nadie lo quiere resolver. Todo se politizo y el tema que es económico y social se lo utiliza para demostrar fuerza y poder. Sorprende el compromiso de otros actores que toman partido como por ejemplo el medio digital Kircherista que llego a decir que se pretendió hacer un “River – Boca” y cuestiono la presencia de los productores en la sesión donde se sanciono la ordenanza. También hay lobbys mediáticos de todo tipo impulsados por distintos intereses.
Lo que logro el municipio, es que el tema se lleve a la justicia. En la tarde de ayer distintas consultas sobre la fuerza del informe del gobierno de Kiciloff, fueron concluyentes en que no seria “vinculante” pero hay dudas sobre el informe técnico de Tierras de la provincia. Mientras tanto todo se encamino a una demanda judicial, que seria el camino elegido para dirimir esta cuestión por el gobierno de Gesualdi.