Los municipios atraviesan un escenario económico cada vez más complejo. En este contexto, un nutrido grupo de intendentes solicitó a la Legislatura la modificación de la ley de reparto de fondos coparticipables. El objetivo del reclamo es habilitar el uso de dichos recursos para el pago de salarios, una alternativa que actualmente se encuentra vedada por el marco legal vigente.
La asfixia financiera que golpea a las comunas tiene su réplica a nivel local. En nuestra ciudad, el intendente Miguel Gesualdi mantiene postergada la discusión salarial con los gremios desde hace meses. Ante los reiterados reclamos sindicales, la respuesta oficial del Ejecutivo ha sido postergar cualquier definición hasta el mes de julio.
Falta de definiciones
Según informaron fuentes gremiales a este medio, el mandatario comunicó formalmente que las arcas municipales no cuentan con fondos para otorgar incrementos en el corto plazo. Asimismo, Gesualdi se habría comprometido a recorrer los distintos sectores de trabajo para explicar la situación de forma directa, una medida que hasta el momento no se ha concretado. A este panorama se suma el conflicto por las horas extras. El gobierno local intentó implementar un recorte generalizado de estos beneficios, pero la fuerte resistencia en áreas clave obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás con la medida.
Debido a las protestas, el ajuste de horas extraordinarias solo pudo aplicarse de forma efectiva algunos sectores puntuales. La realidad demuestra que la situación económica de la administración municipal se agrava de forma progresiva, volviendo inevitable la tensión con el personal comunal. De esta manera, la gestión de Gesualdi ingresa en una zona de alta conflictividad política y laboral, sin soluciones viables a la vista en el corto plazo.
