La diputada provincial del radicalismo, María Belén Malaisi, presentó esta semana un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof para que aclare los procedimientos que regulan el uso de las fotomultas por exceso de velocidad, así como también la justificación de la distribución de los dispositivos y la transparencia en su funcionamiento.
En primer lugar, la diputada Malaisi solicitó detalles sobre la cantidad de radares móviles y fijos que actualmente están operativos en la provincia, su distribución, y los criterios seguidos para su instalación, atendiendo a que la señalización es esencial para garantizar que los radares cumplan su propósito de prevención y educación vial y no se conviertan en meros instrumentos de recaudación.
“Esta lógica de las fotomultas mediante la radarización se basa en el ocultamiento en caminos donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora y no en lugares donde debe velarse por el verdadero exceso de velocidad y que si han producido accidentes trágicos. La no señalización torna ilegal todo el procedimiento, por lo cual las multas estarían viciadas de nulidad y serian ilegitimas”, cuestionó Malaisi, en los fundamentos del pedido de informes.
Asimismo, la diputada Malaisi pidió explicaciones sobre la relación del Gobierno provincial con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) respecto al uso de estos dispositivos, ya que la DNV ha manifestado su rechazo a la política de fotomultas por considerar que no cumplen con la Ley Nacional de Tránsito.
En los fundamentos de la iniciativa, Malaisi reclamó que el Ejecutivo provincial aclare su postura ante la normativa de la DNV, ya que podría implicar la ilegalidad de algunas infracciones impuestas en rutas nacionales que cruzan la provincia. “La Dirección Vialidad nacional aconseja no pagar las fotomultas sobre rutas nacionales y denunciar la recepción de estas supuestas infracciones de tránsito”, advirtió.
Por otro lado, la dirigente del radicalismo exigió información acerca de la cantidad de radares en la provincia, si están homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y en caso contrario, quién garantiza la confiabilidad de los datos emitidos por aquellos dispositivos que no cumplen con los estándares del INTI.
En este sentido, Malaisi planteó la necesidad de priorizar la seguridad vial y la educación antes que la recaudación, como lo ha recomendado la DNV, al anunciar que las fotos multas no fomentan el respeto por las normas de tránsito, sino que penalizan a los conductores desprevenidos. “Los radares deben ser visibles y correctamente homologados para cumplir con su propósito”, remarcó.
“Es necesario dejar plasmado el costo que esto supone para la provincia de Buenos Aires, instalar las camionetas, transportarlas y abonar los salarios para una política que resultara inútil por no proceder a la señalización correspondiente. Provocando un gasto innecesario y con el riesgo de una judicialización que provocara un costo aún mayor”, sentenció Malaisi.
Por último, Malaisi apuntó contra funcionarios encargados de supervisar estos controles, a raíz de una denuncia por agresión contra un vecino en la Ruta 8 por falta de señalización. “También queremos conocer si se han adoptado medidas disciplinarias o administrativas contra los responsables y si existen otros antecedentes de agresiones en situaciones similares”, concluyó.