Telecomunicaciones en Giles: Quien controla el uso del tendido aéreo de nuestra ciudad

Los planes expansivos de las empresas de telecomunicaciones en Argentina se extienden por numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires. Hace algunos meses, la compra de Telefónica de Argentina (operadora de Movistar) por parte de su competidora Telecom —por la cifra de 1245 millones de dólares y aprobada por el Gobierno en junio pasado— impuso un fuerte cambio en el mapa del sector.

Para evitar una posición dominante en el mercado, las autoridades exigieron a la empresa resultante una desinversión de seis millones de líneas de telefonía celular y 200 mil accesos de internet fija. A raíz de esta medida, esa cartera de clientes fue adquirida por Metrotel en una operación de 450 millones de dólares, compañía que utilizará la marca Tuenti para operar en el segmento masivo.

En San Andrés de Giles ya se prepara el desembarco de estos gigantes de la comunicación, pero surge un interrogante: ¿juegan con las mismas cartas que las empresas locales? En nuestra ciudad, el uso del espacio aéreo está regulado por ordenanzas muy concretas y todas las firmas que brindan servicios de internet se rigen por esta normativa. Sin embargo, al parecer, las reglas no serían iguales para todos.

Desde hace un tiempo se observan en el centro de nuestra ciudad trabajos de tendido aéreo de fibra óptica de gran envergadura. Estas obras corresponderían a la expansión de la nueva estructura surgida tras la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. Según lo que trascendió sobre estas operaciones, la empresa argumenta que simplemente está reemplazando el antiguo cableado de cobre por fibra óptica.

No obstante, cualquier intervención que involucre el espacio aéreo debe ser autorizada previamente por el Concejo Deliberante de nuestra comunidad. Hasta el momento, no ha ingresado ninguna comunicación formal de la empresa al concejo deliberante ( que es quien autoriza el uso del espacio aereo) que aclare sobre las tareas que realiza en la localidad. Esta situación genera una desigualdad frente a las obligaciones de los demás actores del mercado, dejando en evidencia que las normas vigentes no se estarían cumpliendo de manera equitativa.