San Antonio de Areco / Piden investigar a un funcionario

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación puso en conocimiento del Juzgado Federal N°1 de Córdoba que el exmilitar Ramón Antonio María Ojeda habría sido autor de los tormentos y las privaciones ilegitimas de la libertad padecidas por detenidos alojados en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de la provincia, durante la última dictadura cívico-militar. 

El organismo e solicitó al tribunal que corra vista a la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, ante la acusación que pesa sobre el actual secretario de Seguridad del distrito bonaerense San Antonio de Areco, conducido por Francisco Ratto (Juntos por el Cambio). 

En 2016 había sido designado director de Seguridad y Tránsito de Capitán Sarmiento, en tiempos en que gobernó el peronista Oscar Ostoich, actual diputado provincial por el Frente de Todos, sostiene la agencia Télam.

La causa “Gómez, Miguel Ángel y otros investiga a más de ochenta acusados pertenecientes a diferentes fuerzas de seguridad: el Ejército, la policía de Córdoba e integrantes del Departamento Informaciones (D2) de esa fuerza provincial, afectando a Ojeda en base a tres testimonio recogidos en anteriores audiencias.

El abogado querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Orosz, informó al Juzgado Federal N°1 que –de acuerdo al legajo de Ojeda– el ex militar llegó con el grado de teniente a fines de 1975 a la Compañía de Ingenieros Paracaidistas IV de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba, permaneció allí hasta 1979, cuando pasó a la Escuela de Inteligencia.

En el informe Nunca Más se señala que delegación de Córdoba de la CONADEP logró acceder a legajos de detenidos que estuvieron alojados en las cárceles provinciales a disposición del PEN o cumpliendo condenas. En esas “Fichas para condenados” se verifica en el “rubro 18” la alusión a “Establecimiento de procedencia La Perla” o “Prisión militar Campo de la Ribera”. En los mismos legajos se encuentran debidamente documentados distintos traslados de personas desde el penal UP1 Córdoba a los centros clandestinos de La Perla y La Ribera a fines de proceder a interrogarlos.

El escrito de la SDH advierte que del legajo CONADEP 4210 de Pablo Rubén Chabrol –obrante en la causa “Videla y otros”– está documentado que tanto Jorge De Breuil como Jorge Oscar García habrían sido recibidos en la UP1 por Ojeda y llevados al CCD La Perla, donde fueron torturados brutalmente.

También en la sentencia contra Videla y otros 29 represores, dictada en 2010, está el testimonio de Oscar Samamé. El testigo declaró que el 18 de noviembre del ‘76 fue trasladado de La Ribera junto con otras personas en un camión militar. Desde el D2 “los retiró un oficial del Ejército de apellido Ojeda, quien era teniente. Los vendó y los subió a la parte de atrás de un camión junto a soldados”, se lee en la sentencia.

Por último, el 11 de octubre de 1976 se produjo el traslado de los “detenidos especiales” Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. La orden la había dado el general de Brigada Juan Bautista Sasiaiñ, en su carácter de jefe de Estado Mayor del Área de Defensa 311. Personal de la UP1, donde estaban alojados, los entregó a un oficial del Ejército que se habría identificado como “teniente primero Nicolás Neme”. Se los llevaron amordazados, atados y encapuchados. Luego efectivos militares -junto a un grupo no identificado- simuló un intento de fuga y fusilaron a los detenidos.

“Urgentemente y como medida probatoria se debe ordenar una pericia caligráfica con material indubitado de la época (su legajo) y la firma estampada como ‘Neme’ en el registro de la cárcel del barrio San Martín”, indica el texto de la SDH que se presentó en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba.

Ojeda se retiró del Ejército con el cargo de mayor, en 1994. Después integró el Batallón 601 como “personal civil de Inteligencia”. Fue también carapintada, prestó servicios para Gendarmería y trabajó en agencias de seguridad.

Fuente Revista La Tecla

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